Alba Reina cumplió treinta y dos años el mismo día que la Ley de Ciudadanía Productiva entró en vigor. No fue una coincidencia, sino una de esas ironías que la vida reserva para quienes se dedican a observarla profesionalmente. Alba era periodista del diario El Faro, el último periódico independiente de Asturia, una nación que hasta hacía cinco años se enorgullecía de ser una democracia ejemplar.

La Ley de Ciudadanía Productiva era la culminación de un proceso que había comenzado gradualmente, como siempre comienzan estas cosas. Primero fue la Crisis del Empleo, cuando la automatización eliminó el cuarenta por ciento de los puestos de trabajo en tres años. Luego vino el Decreto de Emergencia Fiscal, que vinculó los derechos sociales al empleo activo para reducir el gasto público. Y finalmente, la Ley: para ser ciudadano pleno, debías tener un empleo registrado. Sin empleo, perdías progresivamente el derecho al voto, a la sanidad pública, a la educación para tus hijos, al transporte, y en última instancia, a la identidad legal.

El proceso se llamaba «Suspensión Cívica». No era una condena ni un castigo. Era, según el gobierno, una «reasignación temporal de recursos hacia los ciudadanos contribuyentes». En la práctica, significaba que si perdías tu trabajo y no encontrabas otro en noventa días, dejabas de existir para el Estado.

Alba trabajaba en la sección de investigación de El Faro, un equipo de cuatro periodistas que se había reducido a dos tras los recortes presupuestarios. Su compañero era Marcos Duarte, un veterano de cincuenta y tres años que llevaba veinticinco en el periódico y que fumaba cigarrillos electrónicos con la compulsividad de quien sabe que su profesión tiene los días contados.

—¿Has visto las cifras del Ministerio? —preguntó Marcos una mañana de noviembre, dejando caer un informe sobre el escritorio de Alba.

Alba miró el documento. Era el informe trimestral de Empleo y Ciudadanía, publicado por el Ministerio del Trabajo. Las cifras eran las habituales: tasa de empleo del setenta y uno por ciento, tasa de Suspensión Cívica del ocho por ciento, programas de reinserción laboral en funcionamiento.

—¿Qué pasa con las cifras?

—Que no cuadran. Mira: la tasa de Suspensión Cívica es del ocho por ciento. Eso son aproximadamente tres millones de personas. Pero si sumas las personas en programas de reinserción, más las que encuentran empleo nuevo, más las que emigran legalmente, obtienes un total de un millón ochocientas mil. ¿Dónde están el millón doscientas mil restantes?

Alba hizo los números mentalmente. Marcos tenía razón. Había una discrepancia de más de un millón de personas. Un millón doscientas mil personas que habían sido suspendidas cívicamente y que no aparecían en ninguna otra categoría.

—Podrían estar en la economía sumergida —sugirió Alba—. Trabajando sin registro.

—Podrían. Pero un millón doscientas mil personas no desaparecen en la economía sumergida sin dejar rastro. Alguien las vería. Alguien las contrataría. Alguien las denunciaría, porque contratar a un Suspendido es ilegal.

—¿Qué estás sugiriendo?

Marcos la miró con esos ojos de periodista viejo que habían visto demasiadas verdades incómodas.

—Estoy sugiriendo que un millón doscientas mil personas han desaparecido del sistema. No del país. Del sistema. Y que a nadie parece importarle.

Alba pasó la semana siguiente verificando las cifras. Accedió a las bases de datos públicas del Ministerio, cruzó los números con los registros del Instituto Nacional de Estadística y consultó informes de organizaciones sociales. Los resultados eran consistentes: la discrepancia era real. Había entre un millón y un millón trescientas mil personas que habían sido suspendidas cívicamente y que no aparecían en ningún registro posterior. No estaban empleadas. No estaban en programas sociales. No habían emigrado. No habían fallecido, al menos no oficialmente.

Eran, en el sentido más literal de la palabra, invisibles.

Alba presentó sus hallazgos a la directora de El Faro, Carmen Solís, una mujer de sesenta años con el pelo blanco y una columna vertebral de acero que le había permitido mantener el periódico independiente durante la peor década de la prensa asturiana.

—Es una historia enorme —dijo Carmen—. Si es verdad, estamos hablando del mayor escándalo de la democracia asturiana.

—Si todavía podemos llamarla democracia —murmuró Marcos.

—Necesito pruebas —continuó Carmen—. No solo cifras que no cuadran. Necesito nombres. Necesito testimonios. Necesito encontrar a esas personas.

—¿Cómo encuentras a personas que no existen? —preguntó Alba.

—Esa es exactamente la pregunta correcta. Y responderla es tu trabajo.

Alba salió de la reunión con el peso de una historia que podía cambiar un país. O destruir un periódico. O ambas cosas a la vez. Pero la imagen de un millón doscientas mil sombras sin nombre era más poderosa que cualquier miedo. Alguien tenía que encontrarlas. Y si nadie más iba a hacerlo, tendría que ser ella.